Odebrecht: Juez solicitó incautación de bienes inmuebles relacionados a PPK

Son dos los inmuebles relacionados al investigado expresidente Pedro Pablo Kuczynski, uno está ubicado en Cieneguilla y el otro en calle Choquehuanca N° 967-953 al lado de su casa en el distrito de San Isidro, seguirán incautados por el Estado en el contexto del caso Odebrecht.

El juez Jorga Chávez Tamariz recalcó que las medidas cautelares contra ambas propiedades después que la defensa del exmandatario y de la empresa Dorado Asset Company S.A.C. pidieran en abril pasado que se levantaran dichas limitaciones y se cambiaran por una inhibición. Es decir, que solo se den prohibiciones para transferir, vender o alquilar los mencionados predios.

El abogado César Nakazaki había solicitado que se levante la incautación del fundo Cieneguilla (lote 2-B, zona 9, sección 2-B), fundamentando que la adquisición del bien fue hecho por Dorado entre el 12 y 25 de octubre de 2004.

Eso quiere decir, que la compra fue antes de la fecha que la Fiscalía identificó como el primer pago de Odebrecht a Westfield Capital (empresa de PPK), indicando que se adquirió dicho inmueble con dinero ilegal de la constructora brasileña.

En relación al inmueble de San Isidro, Nakazaki indicó además que PPK ya no era propietario de la empresa Dorado (que compró el inmueble en 2006 por US$695.000). Sin embargo, aquí los presuntos pagos de Odebrecht (más de US$40 mil) fueron entre 2004 y 2005, antes de esa transacción.

El juez Chávez Tamariz resaltó en dos resoluciones que faltaban contrastar estos elementos con una pericia oficial y que no bastaba una pericia de parte que ofreció Nakazaki en audiencia.

“De las medidas cautelares reales vigentes emitidas desde este Despacho Judicial, no existe alguna que limite las facultades de los derechos civiles del procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard (...), corresponde al Ministerio Público establecer si lo desarrollado por el referido procesado se ajusta a la realidad de los hechos o fue una figura aparente para fines del lavado de activos, mientras tanto no es posible atender a este fundamento para variar la presente medida cautelar”, se sostiene sobre ambos pedidos.

La investigación que dirige el equipo especial Lava Jato contra Kuczynski se basa en la hipótesis de que el exmandatario habría cometido lavado de activos, con el agravante de una organización criminal que operó entre el 2003 y 2015.

El expresidente, en este sentido, “promulgó normas adecuadas para la materialización de acuerdos corruptos, con el propósito de que se le otorgue la buena pro a las concesionarias IIRSA SUR (tramos 2 y 3) y Trasvase Olmos para que Westfield Capital Ltd. sea contratada en la estructuración financiera que debían cumplir las concesionarias como una exigencia en las bases”.

Las asesorías realizadas por Westfield a las concesionarias (integradas por Odebrecht), asimismo, dieron como resultado presuntas ganacias ilícitas que luego fueron transferidas a diversas cuentas del Perú y el extranjero. En esta investigación también está incluido el exsocio de PPK, el economista chileno Gerardo Sepúlveda; el exchofer de PPK, José Bernaola, y Gloria Kisic.

Información de La República.